En fallo dividido, el tribunal de alzada estableció que el recurso de protección no es la vía idónea para controlar la investigación del Ministerio Público y que el tercero afectado debe recurrir a la tramitación ordinaria de causas penales si se considera afectado por la investigación.
Determinada la filiación conforme a la ley, se tiene por comprobado el estado civil de hijo respecto de su madre. En otras palabras, el estado civil es una de las consecuencias que trae aparejada la filiación legalmente determinada.
La vía idónea para reclamar acerca de la conducta del Director de Obras Municipales es la administrativa, por lo que nos encontramos frente a pretensiones que desbordan los márgenes de la acción de protección, por el eminente carácter técnico del cual se encuentran revestidas, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar.
Lo anterior, ya que la Universidad frente a otros alumnos que se encuentran en su misma situación académica les ha permitido matricularse.
La incertidumbre no sólo es antijurídica, por contravenir el deber de motivación de las decisiones administrativas terminales, sino que atenta en contra del derecho a la igualdad ante la ley, por la falta de antecedentes que le permitan entender si la normativa sectorial ha sido correctamente aplicada.
La Corte ordenó remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de la ciudad a objeto de constatar que no exista otro tipo de vulneración de derechos de la recién nacida, toda vez que la negativa a administrar las vacunas, daría cuenta que la madre no tiene conciencia de los deberes parentales.
La recurrida celebró una convención con una menor de edad cuyo objeto era obtener una serie de datos privados a partir del escaneo del iris de la persona, para efectos de generar una ID que forma parte de una base de datos internacional, cuestión que afecta una esfera de la vida privada de la adolescente cuyo consentimiento no pudo prestar válidamente.
Existen pacientes electrodependientes e insulino dependientes que verán afectados sus derechos. La empresa aplicó cortes semejantes en 2023, aduciendo falta de dinero para comprar combustible.
“El fallo de la Corte es un respaldo no solo a los concejales que removimos al ex administrador municipal de su cargo, sino un respaldo a las facultades y responsabilidades que otorga la ley orgánica, ya que el fundamento de su remoción fueron tres informes, uno de ellos de la Contraloría en que se daba cuenta de irregularidades por las cuales el señor Ortiz no respondió con la coordinación interna del municipio que se esperaba” señaló el concejal Pablo Albornoz.
Debió verificar que el alumno cumpliera con los requisitos para cursar estudios, y no consta la diligencia mínima de haber comprobado que el matriculado efectivamente haya obtenido el Certificado de Examen de Validación de Estudios o su licencia de enseñanza media. Sus acciones y omisiones generaron en el recurrente una legítima expectativa de estar en condiciones de obtener su título profesional, luego de cumplir los requisitos curriculares que la misma institución educacional le impuso.
No es posible concluir que la actividad en la que participaban la denunciante y el denunciado, correspondiera a una realizada por la Universidad, o en la que intervinieran en representación de aquella.
